El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) desea recordar que el actual proceso de movilización ciudadana se ha originado, entre otras razones, tras la ruptura del hilo constitucional y la erosión de las competencias establecidas por la Carta Magna a la Asamblea Nacional.  El movimiento de indignación ha rechazado la violación continuada de la Constitución, la cual se inició en mayo de 2016 tras la aprobación del llamado “Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica”. Dicho decretó, en la práctica, se constituyó en el marco jurídico de las actuaciones de la dictadura en Venezuela.

Ante la grave crisis y situación de conflicto que vive el país hemos insistido que la solución tiene que ser pacífica, democrática y Constitucional. La Constitución debe ser, en todo momento, el marco de referencia y la guía para la acción de las instituciones, partidos políticos, organizaciones sociales y la población en general.

La Carta Magna es el último pacto social consensuado en el país, reivindicado por Hugo Chávez en el primer período de su mandato como la “mejor del mundo”, y defendida por las fuerzas políticas y sociales que cuestionan la gestión de Nicolás Maduro. Para Provea la Constitución representa, en los actuales momentos, la mejor herramienta para enfrentar al gobierno dictatorial. Queremos insistir que las garantías presentes en el texto constitucional fueron consecuencia de la lucha de los movimientos sociales venezolanos en la década de los 80´s y 90´s, no una concesión de ningún gobierno, cuyos contenidos reflejaban los estándares internacionales existentes en materia de derechos humanos.

A partir de su segundo mandato, Hugo Chávez se apartó progresivamente del proyecto de país presente en la Constitución. La imposición del proyecto “Socialismo del Siglo XXI”, la creación de un “Estado Comunal”, la obligatoriedad de conformar “Consejos Comunales” si se deseaba interlocución con las autoridades, la cooptación de los poderes públicos o la militarización de la seguridad ciudadana y de la sociedad son elementos que no figuran dentro del texto aprobado en 1999. La Carta Magna contempla diferentes mecanismos para dirimir las diferencias entre los venezolanos, como la posibilidad de evaluar la gestión de los funcionarios electos a mitad de su período, mediante Referendo Revocatorio. Desde la perspectiva de derechos humanos la Constitución venezolana es un buen marco normativo, pero ha faltado voluntad política por parte de las autoridades para satisfacer los derechos y garantizar el funcionamiento de una institucionalidad sólida, eficiente y de gestión trasparente.

«Cualquier propuesta de salida a la actual crisis venezolana debe permitir el regreso de Venezuela a la democracia, respetando y fortaleciendo lo dispuesto en el texto constitucional.»

En opinión de Provea el adelantar elecciones es tan inconstitucional como retrasarlas indefinidamente. La propuesta de “elecciones generales adelantadas” necesita, para ser legal, un procedimiento de enmienda constitucional, que adicione los artículos necesarios a la Constitución, y posteriormente ser sometida a un referendo.

Por otra parte, la promoción de una Asamblea Constituyente no contempla sólo la relegitimación de los poderes, sino la redacción y aprobación de una nueva Carta Magna. La iniciativa puede partir del Presidente de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los Concejos Municipales en cabildo, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; o el quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral.

Cualquiera de los dos procedimientos, adelanto de elecciones generales o Asamblea Constituyente, generará elementos adicionales a la conflictividad venezolana y, para materializarse, podrían tomar mucho más tiempo que el cronograma de elecciones pendientes según la Constitución.

El camino para empezar a resolver la crisis en el país es el anuncio de un cronograma electoral que incluya elecciones regionales en el plazo más corto posible.

Provea sostiene que el camino para empezar a resolver la crisis en el país es el anuncio de un cronograma electoral que incluya elecciones regionales en el plazo más corto posible, las elecciones municipales a finales de año, y definir la fecha de realización de las elecciones presidenciales en el año 2018. Nicolás Maduro ha tomado la decisión de suspender indefinidamente cualquier proceso electoral hasta no generar las condiciones para obtener resultados positivos. La realización de elecciones no es un indicador suficiente para describir a un gobierno como democrático, pero la derogación del derecho al sufragio es suficiente para calificarlo como “Dictadura”. Por tanto, la divulgación de estas fechas sería una victoria de las protestas realizadas en las últimas semanas en el país.

Siendo un avance la difusión de las fechas, es insuficiente sin las condiciones que permitan el libre ejercicio del derecho a la participación electoral de todos los venezolanos, sin discriminación. Para ello se deben respetar los estándares que califican a los procesos electorales como democráticos: Inclusivos, transparentes, competitivos y electividad de los principales cargos públicos. Además debe revisarse la conformación de las autoridades del Consejo Nacional Electoral, por lo que los funcionarios que no sean independientes y hayan avalado la vulneración del hilo constitucional, deben renunciar para dar paso a la posibilidad de contar con un árbitro que genere la suficiente confianza en el proceso. Para lograr estas condiciones mínimas, el proceso de movilización pacífico debe mantenerse masivamente en la calle. Ante la situación de ausencia de democracia en nuestro país, elecciones y manifestaciones no son excluyentes sino complementarios.

Igualmente consideramos fundamental una renovación del Tribunal Supremo de Justicia con cumplimiento estricto de los procedimientos establecidos en la Constitución, considerando la falta grave cometida con las sentencias 155 y 156 calificadas por la Fiscal General de la República como decisiones que rompieron el hilo constitucional.

La defensa de la Constitución de 1999 exige rechazar las posibilidades no contempladas por ella, o la realización de un proceso constituyente en momentos de alta crispación política, que puedan poner en riesgos las garantías en derechos humanos contemplados en ella e ignorando el principio de progresividad de derechos.

Por tal razón llamamos a la población venezolana a seguir ejerciendo la presión en las calles de manera pacífica, exigir el respeto a la Constitución y reclamar los cambios institucionales necesarios para que haya condiciones suficientes para el respeto de la voluntad popular.