Las autoridades venezolanas están utilizando el sistema de justicia de manera ilegal para incrementar la persecución y los castigos contra quienes piensan diferente, dijo Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado el 26 abril 2017 en medio de crecientes protestas alrededor del país que han dejado varios muertos, cientos de heridos y detenidos.

Silencio a La Fuerza: Detenciones Arbitrarias por Motivos Políticos en Venezuela detalla el catálogo de acciones ilegales por parte de las autoridades venezolanas para reprimir la libre expresión.

Estas incluyen las detenciones sin órdenes judiciales por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), el procesamiento de activistas pacíficos por delitos “contra la patria” y la imposición de medidas de prisión preventiva sin justificación y campañas difamatorias en medios de comunicación contra miembros de la oposición, entre otras medidas.

“En Venezuela está prohibido disentir. Las autoridades parecen no tener límite a la hora de aplicar un sin número de argucias legales para castigar a quienes expresan una opinión diferente de la oficial,” dijo Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“En vez de obsesionarse por acallar cualquier opinión contraria a la oficial, las autoridades venezolanas deberían enfocarse en buscar soluciones prácticas y duraderas a la profunda crisis que sufre el país.”

El 11 de enero de 2017, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia detuvieron al diputado opositor Gilber Caro, a la activista del partido opositor Voluntad Popular, Steyci Escalona en un peaje cuando regresaban a Caracas.

Ese mismo día, el Vicepresidente de la República explicó por televisión que a Gilber y Steyci se les había incautado un fusil de guerra y material explosivo. Dijo que el diputado estaba involucrado en actividades de terrorismo, señalando que habría cruzado la frontera hacia Colombia sin haber reportado el movimiento migratorio.

Steyci fue presentada ante un tribunal militar y se le imputaron los delitos de sustracción de efectos militares y rebelión. Gilber fue trasladado a un centro penitenciario sin que, hasta marzo de 2017, hubiese sido presentado ante un juez para determinar su situación jurídica.

Las historias de Gilber y Steyci ilustran algunas de las muchas estrategias que utilizan las autoridades venezolanas para intentar silenciar a la oposición, en un contexto de crecientes protestas en el país.

En la mayoría de los casos, a los acusados se les imputan crímenes graves como “traición a la patria”, “terrorismo o sustracción de efectos militares” o “rebelión” que permiten el uso de la prisión preventiva, aunque no se tengan pruebas admisibles suficientes para justificar los cargos.

Estos tipos de delitos son juzgados por jurisdicciones especiales, incluyendo el fuero militar, que no son independientes y rara vez imparciales y no deberían aplicarse contra civiles.Amnistía Internacional también ha documentado casos en los que a la persona detenida se le limita el contacto con sus familias o abogados defensores, poniendo al detenido en alto riesgo de sufrir graves violaciones a sus derechos humanos, incluyendo torturas y malos tratos.

Yon Goicoechea, líder estudiantil y actualmente dirigente de Voluntad Popular, fue detenido el 29 de agosto de 2016 por personas no identificadas que circulaban en un vehículo sin placas, según testigos del incidente.

La detención de Yon fue eventualmente confirmada por un alto dirigente del partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela, quien informó que había sido detenido por portar explosivos que supuestamente serían usados en una manifestación de la oposición el 1 de septiembre.

A pesar de los múltiples esfuerzos de su familia, no se pudo conocer el paradero de Yon Goicoechea hasta aproximadamente 13 horas después del último contacto con su familia.

Desde el momento de su aprehensión, Yon estuvo desaparecido hasta que se obtuvo información de que se encontraba recluido en la sede del SEBIN El Helicoide, en Caracas. El activista fue presentado ante los tribunales, pero de acuerdo a la información suministrada a Amnistía Internacional, se mantuvo la situación de incomunicación hasta el 1 de septiembre de 2016.

Desde el 20 de octubre de 2016 existe una resolución judicial en la que se reconoce que se han cumplido todos los requisitos para su excarcelación, debido a que el Ministerio Público no encontró elementos suficientes para acusarlo de ningún delito. Pese a ello, se encuentra todavía privado de libertad en el SEBIN y, de acuerdo a las denuncias de sus familiares, el tribunal de la causa no ha atendido al público desde diciembre de 2016.