En un esfuerzo por continuar el análisis y la reflexión sobre las causas de la crisis económica que conllevaron a la Emergencia Humanitaria Compleja y a una gran vulneración de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en Venezuela, la Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad invitó a Feliciano Reyna, director de la ONG Acción Solidaria; Asdrúbal Oliveros, economista y director de Ecoanalítica, y a José Manuel Puente, economista y profesor del IESA al seminario web Venezuela: Crisis humanitaria, derechos económicos, sociales y culturales, y políticas económicas para que profundizaran en el tema y evaluaran si las sanciones coercitivas impuestas por varios países contra la estatal petrolera y otras actividades financieras son las responsables del deterioro económico de la nación y, por ende, de los venezolanos.
El foro estuvo moderado por la politóloga María Laura Acosta. Alonso Domínguez, coordinador de la Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad, dio la bienvenida a los ponentes y habló de la importancia de mantener el foco sobre estos temas para entender la dimensión del problema y sus posibles soluciones, pero sobre todo el origen de la situación que permita a los venezolanos, e incluso a la comunidad internacional, un mejor acercamiento y comprensión del tema.
El economista Asdrúbal Oliveros denominó lo que ocurre en Venezuela como una “tragedia griega; es una economía que tiene ocho años en contracción económica, alcanzando una caída de 80% y convirtiéndose en el primer país petrolero en alcanzar la hiperinflación, lo que trajo consigo una fuerte crisis económica y la caída de la producción petrolera”.
Explicó que esta situación se originó por un mal diseño de políticas económicas, pero no por la imposición de sanciones, las cuales sí admite que han tenido impacto, pero no son la causa originaria. “En los últimos años se ha registrado un desplome del gasto público que ha dejado a gran sector de la población en una vulnerabilidad preocupante, excluyéndolos de la adquisición de bienes y servicios, así como del derecho a la salud, educación, alimentación, entre otros”.
El director de Ecoanalítica hizo una línea de tiempo en la cual identificó que el colapso económico en Venezuela se registra desde 2013, y en 2017 llegó a su máxima expresión, convirtiéndose en el mayor problema del Estado y de la población en vista que el Estado no cuenta con elementos para generar políticas públicas de calidad.
Precisó que pese al discurso oficial en torno a las sanciones, el Estado sigue contando con ingresos y aplicando nuevas estrategias para solventar la merma a consecuencia de la caída en la producción y comercialización del petróleo por los obstáculos internacionales impuestos d aproximadamente 3.500 millones de dólares. “No significa que el gobierno no tenga ingresos, pues la economía negra es un mecanismo sobre el cual se ha basado el gobierno de Nicolás Maduro para sobrevivir y contener a la sociedad, basándose en una estructura de importaciones, de relajamientos de controles y de anclaje cambiario que permita mayor abastecimiento y una desaceleración de la inflación, lo que representa un ecosistema externo que le permite al gobierno continuar en el poder y obtener ingresos principalmente de la venta de oro, chatarra y minerales”.
Sin embargo, reconoce que las sanciones en vez de forzar el cambio político deseado provocaron el desarrollo de la “economía negra”, así como una mayor opacidad y pragmatismo. “Se subestimó el papel de los aliados y los operadores financieros, de allí que las sanciones mostraron desigualdad en sus efectos por no contar con una política interna que las respalde… De allí que el colapso no solo económico, sino del Estado como tal, es el mayor desafío social que tenemos los venezolanos y lamentablemente no le veo superado en el corto plazo”.
“En Venezuela hay un problema de base que es la destrucción institucional del Estado, mientras se mantenga ese panorama la recuperación económica no será posible; los cambios positivos que se están viendo en ciertos nichos ni favorecen a toda la población ni se mantendrán en el tiempo mientras no se lleve a cabo una reconstrucción institucional y un cambio político”, finalizó.
Por su parte, José Manuel Puente, economista y profesor del IESA, coincidió con Oliveros en la línea de tiempo de la profundización de la crisis económica que conllevó al deterioro de los derechos económicos, y sociales de la población. “Desde el año 2017 Venezuela se encuentra en default de pagos, lo que se refleja en un colapso macroeconómico que comenzó entre 2013 y 2014, de allí que queda en evidencia que las sanciones no son el origen del problema, como tampoco lo es el COVID-19. El origen del problema es el mal manejo económico, el aumento de los precios, los controles cambiarios, la recesión económica y la caída del precio del petróleo. Es la primera vez en 100 años que el salario mínimo venezolano es más bajo que el de un cubano y un haitiano, pues actualmente se calcula en 2 dólares”.
Puente precisó que en los últimos siete años Venezuela acumula una contracción económica de 75,29%, siendo la peor recesión económica registrada en América Latina y la segunda hiperinflación sostenida del mundo en el siglo XXI después de Zimbawe. “Eso demuestra que desde hace una década se ha venido destruyendo la economía y el poder adquisitivo del venezolano. En esencia, esta es una crisis macroeconómica autoinducida, muy poco tiene que ver con variables exógenas o teorías de conspiración”.
Comparó la crisis económica de Venezuela con las de otros países que atravesaron eventos coyunturales, y mencionó el caso de Perú que pasó de ser una nación en hiperinflación y sin Estado de Derecho en los años del gobierno de Alan García a ser una de las economías más dinámicas actualmente en la región. “Venezuela se ha convertido en un país profundamente desigual, como nunca lo fue en su historia, pero tengo fe en que podamos resurgir de los escombros, aunque tomará por lo menos 30 o 40 años de sacrificios porque el daño ha sido muy profundo y ahora no hay el dinero ni el capital humano, ya que tenemos casi 6 millones de personas fuera del país, una gran parte profesionales, de manera que para comenzar a reconstruir el aparato económico y productivo se deben generar acuerdos políticos y una transición confiable que abra el camino a nuevos lazos multilaterales. Con políticas acertadas, acuerdos, transición política y financiamiento internacional es posible lograr la recuperación”.
Nuevas políticas sociales
Finalmente, Feliciano Reyna, director de la ONG Acción Solidaria, explicó el origen de la Emergencia Humanitaria Compleja desde su definición por Naciones Unidas para contextualizar lo que ocurre en Venezuela desde 2015 que ha comprometido severamente el ejercicio de los derechos humanos de la población. Recordó que el término fue acuñado a finales de la década de los ochenta para casos de crisis humanitarias mayores cuyo origen sean contextos de inestabilidad en países son guerras ni conflictos bélicos, pero que causen graves consecuencias en el sufrimiento humano, violaciones a los derechos humanos y amenazas a la seguridad humana.
Precisó que en Venezuela la Emergencia Humanitaria Compleja viene dada por la crisis política que se registra en el país desde el año 2013, además del colapso de la economía. Recordó que entre los años 2015 y 2016 se registró la mayor escasez de productos en el mercado que alcanzó 30%, mientras que el derecho a la salud también se vio afectado con 85% de escasez de medicamentos e insumos médicos, además de otros factores que dejaban en evidencia la gravedad de la situación como los obstáculos en el acceso a la justicia, la Gran Corrupción, la agudización de la pobreza y el severo deterioro de los servicios públicos que causaron sufrimiento en la población. Dijo que esos datos fueron documentados y recolectados por más de 100 organizaciones y activistas de derechos humanos para el primer Examen Periódico Universal sobre Venezuela.
Sin embargo, comentó el impacto que para las organizaciones de la sociedad civil representó el silencio internacional sobre la situación de Venezuela, hasta que en 2016 en secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, reconoció que la crisis que afrontaba Venezuela tenía una raíz política, aunque no fue sino hasta 2019 cuando se logró estructurar lo que denominó la “arquitectura humanitaria” a raíz de un informe en el que se señalaba que 9,3 millones de venezolanos estaban en inseguridad alimentaria y 40% de la población se había visto forzada a privarse de algunos alimentos para sobrellevar la crisis.
De allí que Reyna identificó el origen de la crisis y sus causas años antes de que fusen impuestas las sanciones, primero a altos funcionarios y años después a la estatal petrolera PDVSA.
“No es cierto que estemos en camino a la recuperación, hay sectores muy afectados, poblaciones en gran vulnerabilidad que necesitan ayuda. La población necesita el apoyo internacional, en cuanto a la Emergencia Humanitaria Compleja debemos aplicar nuevas políticas sociales, económicas y de género que permitan observar y atacar los problemas más graves”.
