En opinión del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), las cifras divulgadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) no corresponden con lo ocurrido el 20 de mayo. El gigantesco fraude electoral, que intenta mantener en el poder a un gobierno no democrático, está siendo desconocido por diferentes actores de la comunidad internacional, quienes han anunciado el aumento de las sanciones diplomáticas. Provea advierte que los estándares internacionales en derechos humanos rechazan cualquier tipo de decisión que aumente la violación de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) de la población, lo cual puede ocurrir en Venezuela si las sanciones o restricciones impuestas exceden a los funcionarios involucrados en delitos o violaciones de derechos humanos.
En 1997 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas realizó su Observación General número 8 al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), referido especialmente a las sanciones económicas, estableciendo que “independientemente de las circunstancias, esas sanciones deben siempre tener plenamente en cuenta las disposiciones del PIDESC”.
De esta manera, los estándares internacionales de derechos humanos no cuestionan la necesidad de imponer sanciones en casos de amenazas a la paz o la ruptura del orden democrático interno que amenace los derechos de la población, sino que exige “distinguir entre el objetivo básico que se persigue al ejercer una presión política y económica sobre la minoría gobernante del país para persuadirla a que respete el derecho internacional y la imposición colateral de sufrimientos a los grupos más vulnerables del país”.
Provea solicita al Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas que vigile las decisiones tomadas por los diferentes países tras el fraude del 20 de mayo en Venezuela. Según lo declaró el propio Comité DESC “no tiene competencia alguna en relación con las decisiones de imponer o no sanciones, tiene sin embargo la responsabilidad de vigilar el cumplimiento del Pacto por todos los Estados Partes. Cuando se adoptan medidas que impiden a un Estado Parte cumplir las obligaciones que le impone un Pacto, el Comité debe ocuparse oportunamente de los términos de las sanciones y de la forma en que se aplican”.
Consideramos que existen una serie de mecanismos diplomáticos internacionales que no se han agotado, para presionar al gobierno venezolano para el restablecimiento de la institucionalidad democrática, que incluyen sanciones individuales a violadores de derechos humanos. Según la propia Naciones Unidas: “es posible adoptar decisiones para aliviar el sufrimiento de los niños o reducir al mínimo otras consecuencias nefastas sin comprometer el objetivo político de las sanciones”. El Comité DESC de la ONU es claro en concluir sobre la relación entre las sanciones y afectaciones a los derechos de la población: “No se debe responder a un comportamiento ilícito con otro comportamiento ilícito que no preste atención a los derechos fundamentales subyacentes que legitiman esa acción colectiva”.
Provea alerta que el gobierno cierra los caminos institucionales, pacíficos y democráticos para la resolución del conflicto venezolano, y en consecuencia el gobierno de Nicolás Maduro está estimulando que la mayoría de la población del país descontenta con su gestión, incluyendo las Fuerzas Armadas, opten por estrategias insurreccionales fuera de la Constitución. Por tanto continuaremos alentando la conformación de un gran movimiento nacional, que incluya a todos los sectores, para exigir la renuncia de Nicolás Maduro y aplicar lo establecido en el artículo 233 de la Constitución Nacional, y en consecuencia anunciar la convocatoria a corto plazo de elecciones libres y democráticas. Desde Provea reafirmamos que rechazamos convocatorias directas o indirectas a golpe de Estado o intervenciones militares de países extranjeros La solución a la crisis venezolana debe darse con la participación activa del pueblo y en el marco de la Constitución.
Caracas, 23 de mayo de 2018
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