El foro Venezuela: Gran Corrupción e impacto en los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales (DESCA) y en la crisis humanitaria reunió a importantes analistas e investigadores y académicos que expusieron, desde sus áreas de trabajo, el sostenido deterioro social, económico e institucional que ha sufrido Venezuela en las últimas décadas y que ha menoscabado los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población, al tiempo que dejaron clara la responsabilidad del Estado en la crisis.
Katya Salazar, directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso, estuvo a cargo de la presentación en la cual hizo un repaso de los hallazgos de los informes de la Oficina de la Alta Comisionada de ONU para los Derechos Humanos, así como los elaborados por los expertos que integran la Misión Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela y de otras instancias internacionales en los que se han evidenciado los alcances de la crisis en diferentes ámbitos y la responsabilidad de Estado.
De allí que al dar paso a los invitados hizo énfasis en la necesidad de que se generen espacios de reflexión como este foro para analizar las verdaderas causas que conllevaron a la Emergencia Humanitaria Compleja y las masivas violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Fernando Fernández, abogado, profesor de Derecho Penal Económico, Penal Internacional y de Derechos Humanos, y director del Monitor de Derechos Humanos, explicó las raíces institucionales de la crisis humanitaria, un tema que ha analizado en su trabajo de investigación titulado “¿Venezuela: qué faltó en el informe de la Alta Comisionada sobre los DESCA?”.
“El informe de la Alta Comisionada es el punto culminante de la iniciativa de remisión que hizo el gobierno venezolano para evitar de que lo responsabilizarán de la crisis los derechos en Venezuela y orientar las culpas hacia otros gobiernos, particularmente el de Estados Unidos desde Obama, Trump y ahora el gobierno de Biden que mantiene las sanciones, porque todo está focalizado en las sanciones. Pero hay más países que han dictado diversos tipos de sanciones hacia el gobierno venezolano, hacia las personas expuestas políticamente y también hacia sectores de la economía como el petróleo y las finanzas debido a los incontables casos de corrupción que se están investigando fuera de Venezuela”, precisó.
Explicó que en la remisión que hizo el gobierno de Venezuela a la Corte Penal Internacional señala que hay medidas coercitivas unilaterales que afectan a todo el país y especialmente a la población relacionada al gobierno.
“La relatora designada para las sanciones coercitivas Alena Douhan incurrió en una falta grave al no contemplar todas las medidas económicas que el gobierno realizó desde el año 2003 con las expropiaciones de muchas empresas, sobre todo grandes empresas productoras de alimentos, entre otras, y cómo quedaron sin efecto más 500.000 empresas que no fueron expropiadas pero que no pudieron seguir operando debido a las políticas gubernamentales”.
“Y en el informe de la Alta Comisionada Michelle Bachelet faltó especificar la gran corrupción que se vive en Venezuela, pero lo primordial es que tanto la relatora como la Alta Comisionada concuerdan con el gobierno y omiten reunirse con expertos, dando así una sola causa para explicar el deterioro de los derechos económicos y sociales, atribuyéndole la crisis a las sanciones sin tomar en cuenta otros factores”.
Por su parte, Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, ONG que ha liderado importantes investigaciones sobre el desfalco que ha sufrido el país, explicó cómo la Gran Corrupción ha tenido un impacto en la crisis actual. “No hay ninguna duda de que la causa de la crisis es la Gran Corrupción, pues además de que es gigantesca e implica a un gran número de personas tiene cuatro características determinantes: participa el alto gobierno; tiene alcance internacional pues cuenta con redes de facilitadores con conexiones con el crimen trasnacional; hay impunidad, pues una de las primeras cosas que ha hecho el gobierno es debilitar las posibilidades de que las víctimas de la crisis obtengan justicia, lo que las lleva a mayor indefensión a la población; y el impacto en la calidad de vida diaria de los venezolanos que obliga a una parte de la población a ser dependiente del Estado«.
Explicó que su organización ha identificado que la corrupción venezolana ha llegado a 71 países, hechos por los cuales se han iniciado 108 expedientes en el sistema de justicia de 21 países. Precisó que sólo en Estados Unidos se investigan casos que involucran manejos irregulares por 30.000 millones de dólares.
Afirmó que los patrones de la Gran Corrupción se comenzaron a evidenciar en el año 2003 con “elementos constructores de monopolio y de violaciones a derechos humanos” como el control sin contrapesos por ausencia de Estado de Derecho, el control absoluto del gasto público, la eliminación del acceso a la información pública, la opacidad que gradualmente fue cada vez mayor, la unión cívico-militar, la adjudicación directa y sin control de enormes cantidades de dinero para importaciones y atender el sector eléctrico y la crisis sanitaria, pero no se ejecutaron, no mejoró la infraestructura eléctrica, el país está sin luz y no se construyeron los hospitales; entre otros.
“Esta crisis ha causado impacto en todos los sectores porque todas las instituciones han sido invadidas por la Gran Corrupción, por lo tanto es muy difícil decir que las sanciones son las responsables”.
En el foro Venezuela: Gran Corrupción e impacto en los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales (DESCA) y en la crisis humanitaria, también participó Omar Zambrano, economista con maestría en Desarrollo Económico Internacional en Harvard, quien ha trabajado en el BID y el BCV, además de profesor de Economía del Desarrollo en la Universidad Católica Andrés Bello, quien ahondó en la gestión macroeconómica antes y después de las sanciones a partir de sus trabajos de investigación sobre este tema, en los que ha evidenciado que el impacto es menor de lo que se considera, y que además las sanciones están asociadas con un aumento (no una disminución) de la disponibilidad externa de insumos humanitarios básicos, contrario a lo que se pudiera pensar.
“Cuando el chavismo abandona la política de ejercer presión e imponer controles la economía reacciona de manera contraria, y es justamente a partir de las sanciones de 2017 que hemos observado evidencia de que contrario a lo que se ha podido pensar el gobierno venezolano ha relajado los controles y el hostigamiento al sector privado; el abandono de los controles de precio, los controles de cambio, permitir la libre importación por aduana de insumos de consumo y para la producción ha generado un rebote económico que se refleja en los datos”.
Explicó que lo que ocurrió en Venezuela es producto del colapso de un régimen económico que introdujo todos los elementos para que detonara la crisis entre 2014 y 2015, cuando no había sanciones. “Todos los elementos que se pueden recabar desde el punto de vista económico indican que el origen de la Emergencia Humanitaria Compleja que vive Venezuela se registró mucho antes de las primeras sanciones relevantes. Por ejemplo, Venezuela venía avanzando en la reducción de la mortalidad infantil durante 5 años, la trayectoria de la Venezuela en crisis comenzó a despegarse de lo que el gobierno pudo haber logrado en años anteriores; las más de 30.000 muertes de niños menores de 5 años que se han contabilizado hasta 2019 son atribuibles a la crisis que transita Venezuela incluso antes de las sanciones”.
El experto añadió que en Venezuela hubo un arrase absoluto del tejido productivo privado que no hizo falta mientras el contexto internacional fue favorable para el gobierno de Chávez porque había abundante entrada de divisas por el petróleo y financiamiento internacional. “En 2017 Venezuela pierde todo acceso a financiamiento internacional y ya se veían las consecuencias de su mal manejo financiero y monetario, llegando a lo que es hoy en día: el episodio hiperinflacionario más prolongado y profundo de la historia económica de la humanidad. Para los economistas estos factores explican el origen de por qué la crisis humanitaria llegó al nivel que se registra actualmente, y por qué eso se tradujo en desempleo, pérdida total del valor de los ingresos de los venezolanos, muerte, desnutrición, hambre y, finalmente, en una crisis migratoria masiva«.
La cuarta y última intervención estuvo a cargo de Santiago Cantón, director del programa Estado de Derecho Peter D. Bell, Diálogo Interamericano y quien forma parte del panel de expertos de la OEA para la situación de Venezuela, quien ofreció una perspectiva general sobre la situación venezolana en materia de derechos humanos de cara al inicio de la investigación en la Corte Penal Internacional y se refirió a las expectativas.
Dijo que hay factores determinantes en los cuales será crucial el trabajo de la sociedad civil para que la Corte Penal Internacional pueda identificar casos específicos de crímenes de lesa humanidad en Venezuela y determinar qué delitos va a investigar.
Reconoció que existe una vinculación obvia entre la corrupción y la comisión de violaciones a los derechos humanos en Venezuela, aunque admitió que aun cuando continuamente se dan pronunciamientos de diversos organismos internacionales hay un vacío en la toma de decisiones vinculantes, de allí que considera necesario presionar para superar esa barrera y para incluir en los sistemas de justicia internacional casos de delitos de derechos humanos causados por la corrupción.
